¿Qué deudas no se pueden cancelar con la Ley de Segunda Oportunidad?

Antes de profundizar en las deudas excluidas, es importante comprender que el objetivo principal de la Ley de la Segunda Oportunidad es ofrecer una "nueva oportunidad" a particulares y autónomos que no pueden hacer frente a sus compromisos financieros.

El proceso se basa en la idea de que todos merecen una segunda oportunidad y no deben quedar atrapados indefinidamente por una situación económica insostenible. Sin embargo, este alivio tiene límites razonables, y algunas deudas se consideran "intangibles" o de carácter especial, lo que hace que su cancelación sea inviable.

Existen varias categorías de deudas que están específicamente excluidas de los procesos de exoneración previstos por la Ley de la Segunda Oportunidad. Éstas son algunas de las más relevantes.

• Deudas por responsabilidad civil por muerte o daños personales.
• Deudas por responsabilidad civil derivada de delito. Si una persona ha sido condenada por un delito y parte de la sentencia incluye una compensación económica a la víctima, esa deuda no será exonerada, ya que el sistema legal protege los derechos de las víctimas.
• Indemnizaciones derivadas de accidentes laborales o enfermedad profesional.
• Deudas por pensiones alimenticias y compensatorias. Esto incluye las cantidades que se deben en virtud de una sentencia de divorcio o separación, como los pagos de pensión alimenticia para los hijos o pensión compensatoria para el ex cónyuge. Estas obligaciones tienen un carácter especial, ya que están diseñadas para proteger a las personas más vulnerables, como los niños y los cónyuges que dependían económicamente del deudor. Por ello, la Ley de la Segunda Oportunidad no permite que estas obligaciones sean eliminadas o reducidas.
• Sanciones penales. Relacionado con lo anterior, las multas o sanciones penales impuestas como parte de una condena tampoco pueden ser canceladas bajo este mecanismo. Estas sanciones tienen como objetivo castigar el comportamiento delictivo y, por tanto, no son vistas como deudas financieras ordinarias. Ejemplos de sanciones penales incluyen multas derivadas de condenas por delitos menores o graves u obligaciones financieras impuestas por un tribunal en el marco de un proceso penal. La idea detrás de esta exclusión es que las sanciones penales son una consecuencia directa de acciones delictivas y, por tanto, no deben ser eliminadas mediante mecanismos diseñados para proporcionar alivio financiero a los endeudados.
• En caso de tener empleados, no son exonerables las deudas por los salarios de los últimos 70 días antes de la declaración de concurso siempre y cuando estos pagos no hubieran sido asumidos por el FOGASA.
• Deudas por multas en las que hubiere sido condenado el deudor en procedimientos por delito o por sanciones administrativas muy graves.
• Deudas por las costas y demás gastos judiciales derivadas de tramitar la Ley de Segunda Oportunidad.
• Algunas deudas con garantía real; esto es, deudas que están respaldadas por un activo específico, como puede ser una propiedad o un vehículo. Con la Ley de Segunda Oportunidad se pueden cancelar algunas de estas deudas siempre y cuando se garantice el derecho del acreedor a recuperar la posesión del bien.

Si bien algunas deudas están excluidas de la Ley de la Segunda Oportunidad, la mayoría de las deudas privadas pueden ser canceladas o reestructuradas. Esto incluye:

• Préstamos personales: Deudas con entidades financieras que no estén garantizadas con un bien específico.
• Deudas con proveedores: En el caso de autónomos y pequeños empresarios, es posible cancelar deudas con proveedores y acreedores comerciales.
• Tarjetas de crédito: Las deudas por el uso de tarjetas de crédito son exonerables.
• Préstamos con avales personales: Aunque los avalistas pueden verse afectados, la deuda principal puede ser exonerada.

Estas deudas pueden ser canceladas siempre que el deudor cumpla con los requisitos establecidos por la ley, como haber demostrado buena fe durante el proceso.

Para aquellos que plateen acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, es crucial contar con un asesoramiento legal especializado. Dado que el proceso puede ser complejo y no todas las deudas son exonerables, es importante que un abogado especialista evalúe tu situación y determine la mejor estrategia para aliviar tus cargas financieras.

Algunas recomendaciones clave:

• Revisión exhaustiva de las deudas: Asegúrate de que todas tus deudas se hayan identificado y clasificadas correctamente antes de iniciar el proceso.
• Colaboración con los acreedores: En muchos casos, es posible llegar a un acuerdo con los acreedores, lo que puede ser más rápido y menos costoso que un procedimiento judicial.
• Transparencia y buena fe: El proceso judicial requiere que el deudor actúe de manera honesta y transparente. Cualquier intento de ocultar activos o ingresos puede resultar en la denegación de la exoneración.

En conclusión, la Ley de la Segunda Oportunidad es una herramienta poderosa para aliviar la carga financiera de muchas personas y autónomos, pero tiene sus limitaciones. Si te encuentras en una situación de insolvencia y necesitas asesoramiento, es recomendable que contactes con un abogado especializado que pueda guiarte en cada paso del proceso y asegurar que se optimicen todas las opciones disponibles para ti.

En Ley de 2ª Oportunidad estamos preparados para ayudarte a evaluar tus opciones y a encontrar la mejor solución para tu situación financiera.